Corrupción: no se puede ir a pescar con una raqueta de tenis.

Miles de horas y millones de euros invertidos en seminarios, estudios, informes, cambios legislativos para tratar el asunto de la corrupción política en el mundo, deberían significar que existe realmente una lucha eficaz en este sentido. Sin embargo la evidencia parece demostrar todo lo contrario: ni la corrupción disminuye, ni parece que estemos haciendo mella de ningún modo en ella. Y corremos un riesgo muy real de quedarnos en la retórica y perder el contacto con la realidad. No solo eso, un riesgo aún mayor es que algunas de estas medidas presuntamente anticorrupción sean excusas veladas que a la postre no solo permiten que la corrupción continúe, sino que fortalecen sus mecanismos. Estos mecanismos gozan de una flexibilidad y sofisticación que hace muy difícil luchar contra ellos por el procedimiento de la fiscalización.

Es tentador pensar que en países como el nuestro y otros del sur de Europa, los índices de corrupción son elevados porque existe una cultura de la corrupción en la sociedad. Yo misma he pensado esto muchas veces. Una sociedad en la que el que evade impuestos es un listo y el que paga lo suyo es un pardillo, una sociedad en la  que hay gente que critica a los corruptos en el bar, pero en el fondo piensa “y si yo estuviera allí haría lo mismo”, es una sociedad corrupta desde abajo. Pero parece ser que los estudios demuestran que esto no es así: la sociedad se corrompe desde arriba. En países con altos índices de corrupción política se genera una cultura de la corrupción.

¿Que nos diferencia de los países de nuestro entorno con menores índices de corrupción? Lo más significativo es la cantidad de cargos de libre designación. La cantidad de personas cuyos ingresos dependen de que determinada opción política gane unas elecciones. En una ciudad media sueca de entre 100.000 y 500.000 habitantes, hay tan solo 3 personas en el ayuntamiento, incluido el alcalde, cuyo puesto dependa de las elecciones. ¿Cuantas puede haber a sueldo de un ayuntamiento  de ese tamaño en España y cuyo puesto cambia con cada elección?

Otra de las cuestiones que nos diferencia es el volumen de decisiones discrecionales que se toman en política. Comenzando porque los políticos son los únicos funcionarios públicos que fijan su propio sueldo. Es más fijan también que parte de su sueldo es fiscalizable como tal y cual no lo es.

No existe interés en que las cuentas públicas sean conocidas y auditadas por la sociedad y por tanto se evita la existencia de los mecanismos precisos para ello. Se nos hurta la información sobre cuánto y de qué forma se invierte el dinero que es  de todos. El deterioro en la calidad del gasto público (no tanto la cuantía como la eficiencia) es uno de los principales marcadores de corrupción que manejan los estudiosos del tema. Sería preciso realizar y publicar una contabilidad analítica de los costes reales de las diferentes actividades de la función pública.

Un mayor control social sobre el gasto público está en la base de un comportamiento aceptable. Mejorar no solo la información de la que la ciudadanía dispone, sino también su participación en los mecanismos de mejora de la calidad de gasto. ¿Quién sino aquel que desarrolla un trabajo puede dar ideas sobre cómo hacerlo más eficiente? ¿Quién sabe mejor cuales son las fugas de dinero? Habría que implementar mecanismos mediante los cuales, por ejemplo, los propios funcionarios de la administración pudieran hacer aportaciones en este sentido y ser incentivados por ello. En muchos países de nuestro entorno existen mecanismos para proteger a aquellas personas, funcionarios, que denuncian casos de corrupción. En el nuestro quien hace tal cosa lo hace bajo su sola responsabilidad y no cuenta con respaldo alguno, por lo que es muy difícil que tome la decisión de hacerlo.

La sociedad civil es a la postre el principal afectado por el deterioro de la calidad del gasto público que trae consigo la corrupción Por tanto es imprescindible que como tal esté involucrado en la implementación de las normas necesarias, ya que solo de este modo pueden ser viables. Y solo recientemente y en pocos casos se están empezando a evaluar las diversas prácticas de fiscalización ciudadana de la función pública. Estas son más necesarios,  por cuanto la evidencia nos muestra que por la vía jurídica como única senda es imposible luchar contra la corrupción (hecha la ley, hecha la trampa).

Nos diferencia la legislación sobre financiación de los partidos políticos. El último resumen conocido del tribunal de cuentas en este sentido es un mero acúmulo de asientos contables, en el que la frase más repetida es imposible conocer ingresos reales.

Elevar los costos morales de la corrupción. El aspecto educativo, si bien a medio plazo, es fundamental. Será necesario incluir la corrupción social y política en los programas escolares, si queremos una sociedad diferente para el futuro. Una sociedad que exija de verdad y a través de la propia honestidad de cada uno de los ciudadanos, con esa fuerza moral, una clase política a la que los corruptos no tengan acceso.

España es el único país con más de 1 millón de habitantes en Europa que no cuenta con una ley de transparencia. El anteproyecto aprobado en julio por el consejo de ministros y aun no tramitado parlamentariamente, tiene serias carencias, y parece más, como comento en el primer párrafo, una excusa que un verdadero  intento de mejorar las cosas. Así lo indica el informe de Transparencia internacional al respecto. En ella no se contemplan sanciones de ningún tipo para quienes violen la ley, establece un régimen de silencio administrativo negativo, nada democrático, no contempla una agencia independiente que garantice el derecho a la transparencia, no reconoce el derecho a la información como derecho fundamental (ignorando, por cierto, la actual constitución), deja la incoación de expedientes al gobierno en manos del propio gobierno, limita el tipo de información que puede ser publicitada, y no incluye la publicidad de los informes finales en caso de expedientes. Y esto solo es parte de sus defectos. Quien desee profundizar más en el conocimiento de esto puede leer el informe de Transparencia Internacional al respecto.

De todo este análisis de causas y consecuencias se derivan varias preguntas a las que deberíamos dar respuesta si queremos tener propuestas reales que hacer a la ciudadanía:

¿Se pueden eliminar los puestos de libre designación de la administración?¿Por qué vía?¿Se pueden eliminar las decisiones discrecionales en política?¿Quién debe fijar el sueldo de los políticos?

¿Qué tipo de herramientas de transparencia y mecanismos podemos proponer que posibiliten el control ciudadano sobre las cuentas públicas?

¿Cuáles son las medidas que podríamos implementar con el fin de asegurar la protección de quienes denuncien actos corruptos dentro de las administraciones?

Dijo Napoleón que los hombres luchan mejor por sus intereses que por sus derechos. Y eso es cierto también en este momento. Ya es hora de que como parte de la sociedad civil nos demos cuenta de que controlar cuanto y como se gasta del dinero de nuestros impuestos, no es solamente un derecho, sino también nuestro interés.