Este es el primero de una serie de artículos sobre las llamadas «élites extractivas» y su modus operandi. En este caso, he traducido un artículo de Barbara Ehrenreich en el que explica tan solo una de las formas utilizadas en Estados Unidos para exprimir aun más a las clases más desfavorecidas, en favor de las arcas del estado. No todo es extrapolable a nuestra sociedad, lo reconozco, pero si la mayor parte.

Si tengo que elegir una frase del artículo me quedo con la que lo cierra: «Antes de hacer algo “por” los pobres, deberíamos detener las cosas que les “hacemos a” los pobres».

RAPIÑANDO A LOS POBRES

Cómo el gobierno y las corporaciones utilizan a los pobres de cerditos de hucha.

Barbara Ehrenreich

Considerados individualmente, los pobres no resultan muy tentadores para los ladrones, por razones obvias. Atraca a un banquero y puedes hacerte con una cartera que contenga la renta de un mes. Atraca a un conserje y tendrás suerte de hacerte con la tarifa del autobús para abandonar la escena del crimen. Pero como la revista Business Week apuntó amablemente en 2007, los pobre como colectivo, constituyen un jugoso blanco para cualquiera suficientemente depravado para hacer negocio a base de robarles.

El truco es robarles de formas que sean sistemáticas, impersonales y que hagan imposible rastrear a los culpables. Los empresarios, por ejemplo, pueden sencillamente programar sus computadoras para que ahorren unos pocos dólares de cada nómina, o pueden exigir a sus trabajadores que se presenten 30 minutos antes de la hora de fichar.

Los prestamistas, incluyendo las compañías más importantes de crédito y los “payday lenders” (prestamistas a muy corto plazo, el crédito se cancela el día de paga) han asumido el papel tradicional de los usureros de la esquina, cargando sobre los pobres ridículamente elevadas tasas de interés. Cuando se suplementan con intereses de demora (sujetos estos mismos a interés), la tasa resultante de interés efectivo puede ser tal elevada como 600% anual, lo cual es perfectamente legal en muchos estados.

No es solamente el sector privado quien está robando a los pobres. Los gobiernos locales, están descubriendo que pueden maquillar el descenso en los ingresos municipales, a través de multas, tasas y otros costes impuestos sobre acusados indigentes, muchas veces por crímenes no más ruines que conducir con un carnet caducado. Y si esto parece una forma ineficiente de ganar dinero, dado el elevado coste de encerrar a la gente, un creciente número de jurisdicciones ha decidido cargar sobre los acusados las costas legales e incluso el precio de ocupar una celda.

Un caso paradigmático de la persecución gubernamental contra los excluídos, sería el de Edwina Nowling, una mujer sin hogar de Michigan, que fue encarcelada en 2009 por no pagar 104 $ al mes para cubrir los costes de alojamiento y manutención ocasionados por la reclusión de su hija de 16 años. Cuando recibió un cheque de paga, pensó que podía utilizarlo para pagar la estancia de su hija en la cárcel. En su lugar fue confiscado y aplicado al costo de su propio encarcelamiento.

El gobierno se une a los saqueadores de los pobres.

Podrías pensar que los legisladores tendrían un agudo interés en las cantidades que son robadas, sustraídas por la fuerza o extorsionadas a los pobres, pero no existen esfuerzos oficiales para hacer un seguimiento de esas cifras. En su lugar, nos hemos dirigido a investigadores independientes, como Kim Bobo, autor de “Wage theft in America” (el robo de salarios en America) que estima que los robos de salarios a empleados son de al menos 100 billones de dólares anuales, puede que el doble de esta cifra. Para conocer los beneficios de dinero extraído por la industria prestamista, Gari Rivlin, quien es el autor de “Broke USA: From pawnshops to poberti , Inc.- how the working poor became big business” (De los préstamos a corto plazo a la pobreza: como los pobres trabajadores se convierten en un negocio), dice que los pobres pagan una sobrecarga efectiva de unos 30 billones de dólares al año por los productos financieros que consumen, y más del doble si se incluyen las tarjetas de crédito, créditos para coches e hipotecas subprime.

Estas no son cantidades triviales. Están en el mismo orden de magnitudes que los programas públicos para la pobreza. El gobierno distribuye alrededor de 55 billones de dólares al año, por ejemplo, a través del mayor programa de transferencia de fondos para pobres, la “Earned Income Tax Credit”; al mismo tiempo, los empleadores, extraen de los pobres el doble de esa cantidad, si no más, con su robo sobre los sueldos.

Y mientras el gobierno, generalmente finge que no ve las decenas de billones de dólares en intereses exorbitantes que los negocios cargan sobre los pobres, es notablemente cauteloso con los beneficios para los pobres. La “asistencia temporal para familias necesitadas” por ejemplo, nuestro único programa restante nacional de bienestar, recibe solamente 26 billones de dólares por año en fondos federales y estatales. Deja la impresión de un sector público que se ha vuelto totalmente esquizoide: en una mano, ofreciendo programas para la pobreza, y en la otra, permitiendo un robo a gran escala del sector privado sobre los pobres a los que supuestamente trata de ayudar.

A nivel local, el gobierno ha incrementado sus opciones de saqueo: 2009, un año en la Gran Recesión, comenzó con demandas de los organizadores de la comunidad de niveles de “refuerzo legal” (multas) aun más agresivos sobre las áreas de menores ingresos. Arroja una colilla y serás arrestado por ensuciar. Vacía tus bolsillos en una operación de cacheo, y serás esposado por unas hojas de marihuana. Cada uno de estos pecados, puede resultar en un mínimo de multa de tres cifras.

Y el número de delitos criminales que conducen a la cárcel o multas se ha multiplicado alocadamente. Por todo el país, de California o Texas a Pensilvania, los condados y municipios han estado endureciendo las leyes contra el absentismo escolar ajustando la aplicación hasta el límite de esposar a niños encontrados en las calles durante el horario escolar. En NYC es un delito poner tus pies en un asiento del metro aunque el resto del vagón esté vacío. Y una mujer en Carolina del sur, pasó 6 días en la cárcel por ser incapaz de hacer frente a una multa de 480 $ por tener desordenado su jardín. Algunas ciudades (recientemente Houston y Philadelpia) han convertido en delito compartir la comida de uno con los indigentes en lugares públicos.

Ser pobre, en si mismo, no es aun un delito. Pero al menos en un tercio de los estados, estar endeudado puede llevarte a la cárcel. Si un acreedor, como un arrendador o una compañía de tarjetas de crédito tiene una citación judicial a tu nombre y no te presentas a la cita, se emitirá una orden judicial para tu arresto. Y es fácil faltar a una citación judicial, que puede haber sido enviada a un destinatario incorrecto o bien arrojada a la basura por alguien que ha cogido la factura del buzón: un fenómeno tan corriente que la industria le ha puesto nombre: “servicio de alcantarillas”. En una secuencia que la Radio Pública Nacional califica como cada vez más frecuente, una persona es detenida por una infracción de tráfico leve- por ejemplo un tubo de escape ruidoso o una luz de freno averiada – el agente descubre la orden de detención en su contra, y el inconsciente infractor es llevado a la cárcel.

Los gobiernos locales como depredadores:

Cada uno de estos delitos, neo-delitos, pseudo-delitos, conlleva una pena económica así como la amenaza de un tiempo en la cárcel. Pero la cantidad de dinero así extraída de los pobres es terriblemente difícil de fijar. Ninguna agencia estatal hace un seguimiento de la aplicación de la ley a nivel local y los archivos locales suelen ser tozudamente exiguos.

De acuerdo con una de las pocas estimaciones a nivel nacional, hecha por la Asociación Nacional de Abogados de Defensa Criminal, se cometieron 10,5 millones de delitos menores a lo largo de 2006. Nadie se arriesgaría a calcular el importe medio de la multa por delitos menores, aunque los expertos que he consultado todos coinciden en afirmar que típicamente está en “unos cientos de dólares”. Si tomamos una cantidad extremadamente baja de 200 $ por delito menor, teniendo en cuenta que son el 80 o 90% de los delitos son cometidos por personas que son oficialmente indigentes, entonces los gobiernos locales están extrayendo o tratando de extraer a través de la aplicación de la ley unos 2 billones de dólares anuales de los pobres.

Y esto es solo una pequeña fracción de lo que los gobiernos querrían extraer. Una socióloga de la Universidad de Washington llamada Katherine Beckett estima que los padres (y madres) que no pagan la manutención de sus hijos deben 105 billones de dólares, la mitad de ellos a gobiernos estatales por pagos previos de beneficios sociales hechos a los niños. Si, los padres tienen una obligación moral para con sus hijos, pero la mayor parte de estos padres deudores de manutención, son indigentes.

Los intentos de recolectar de los que ya son pobres, pueden ser mezquinos, y frecuentemente, uno pensaría que contraproducentes. Muchos estados, confiscan el permiso de conducir de los padres que deben la manutención de sus hijos, asegurando de esta forma que no van a poder trabajar. Michigan ha comenzado a suspender el permiso de aquellos que tienen deudas por tickets de aparcamiento. Las Cruces, Nuevo Mexico, acaba de pasar una ley por la cual a las personas que deben multas de tráfico caducadas se les corta el agua, la gas y alcantarillado.

Una vez que alguien cae en las garras del sistema judicial, se puede ver el tipo de sadismo grotesco que es familiar al publico del programa “wipeout”. Muchos juzgados imponen tasas sin tener en cuenta si el infractor tiene posibilidad de pagarlas, y el privilegio de tener un plan de pagos va a tener un coste en si mismo.

En un estudio de 15 estados, el Centro para la Justicia Brennar, de la Universidad de NY encontró que 14 de ellos contenían leyes que imponen una “pena por pobreza” de 300$ en un solo pago para aquellos que no pueden hacer frente a las tasas y multas, mas los recargos y las “tasas de recolección” para quienes deben pagar con retraso. Si se impone algún tiempo en la cárcel, eso también puede tener costes, como descubrió la desafortunada Edwina Nowlin y los costes de la libertad bajo fianza y libertad condicional están siendo cada vez con más frecuencia traspasados al infractor.

Las actividades depredadoras de las corporaciones locales, dan un nuevo significado a la agotada frase “ciclo de la pobreza”: las personas pobres tienen muchas más probabilidades que las acaudaladas de meterse en problemas con la ley, bien sea por no pagar multas de aparcamiento o provocando la ira en un acreedor del sector privado, como arrendadores u hospitales.

Una vez que eres considerado un criminal ya puedes decir adiós al resto de tus activos. No solamente tendrás que hacer frente a los costes judiciales anteriormente mencionados, sino que incluso tendrás problemas para encontrar trabajo una vez que tengas antecedentes penales. Y entonces, por supuesto, cuanto más pobre eres más probabilidades tienes de meterte en nuevos problemas con la ley, en algo menos parecido a un círculo que a un tobogán de agua hacia el infierno: cuanto más bajas más rápido caes hasta que, finalmente, terminas en la calle trincado por un delito como orinar en la via pública o dormir en una acera.

Podría proponer todo tipo de políticas para frenar la actual depredación sobre los pobres. Deberían restablecerse límites para la usura, el robo debería ser tomado en serio incluso cuando lo cometen empresarios millonarios. Nadie debería ser encarcelado o exprimido por un dinero al que no tiene ninguna posibilidad de poner la mano encima. Esto sería pan comido y debería tener prioridad sobre cualquier larga conversación acerca de generar empleo o fortalecer la red de seguridad. Antes de hacer algo “por” los pobres, deberíamos detener las cosas que les “hacemos a” los pobres. 

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