El Gobierno ya ha puesto en cifras cuánto va a ahorrar la Seguridad Social con la reforma de pensiones aprobada este viernes en consejo de ministros. Serán 32.939,95 millones de euros acumulados entre 2014 y 2022, según la memoria del anteproyecto de la reforma remitida al Consejo Económico y Social (CES). De estos números se desprende que en los próximos años, aunque se cuidan bien de aclararlo, los jubilados perderán poder adquisitivo, al menos esta década. “Ahorrar no es recortar. Es ahorro sobre el crecimiento previsto”, defiende el secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos, que relaciona los 33.000 millones menos de gasto que calculan con el billón que supondrán las pensiones en ese periodo. “Nadie tendrá pensiones más bajas por esto”. Es, una vez más jugar con las palabras ya que obvia el hecho de que ya con la revalorización actualmente en vigor, los pensionistas vienen perdiendo poder adquisitivo y aun van a perder mas tras este hachazo. En la reforma aprobada se incluye un techo y un suelo para las variaciones. El techo, que se aplicará en los años “buenos” es una subida del 0,25%. Teniendo en cuenta que en los 10 últimos ejercicios completos el IPC tan solo ha subido menos del 3% en tres de los años, y que en esos tres solo en el terrible 2009 fue ligeramente negativo, es obvio que se va a perder poder adquisitivo continuamente , año tras año, y mientras esta ley continúe en vigor. Por mucho que lo niegue el gobierno, incluso intereconomía lo reconoce sin complejos (en su linea)
Los pensionistas van a ver como su calidad de vida empeorará (la fórmula secreta incluye pensiones más bajas para tiempos de crisis), y probablemente a consecuencia de ello, su cantidad de vida se acortará. Si los límites de lo políticamente correcto en nuestro medio permitieran a los políticos que nos gobiernan (al menos PSOE y PP) hablar con claridad, dirían lo mismo que se deduce de las declaraciones de Christine Lagarde (presidenta del FMI), cuando pide la revisión de los sistemas de pensiones ante el riesgo de que «la gente viva más de lo esperado». Seguro que les gustaría poder expresarse con la franqueza del ministro de finanzas japones Taro Aso, que pidió abiertamente a los ancianos que se dieran prisa en morirse para aliviar la carga que suponen a los presupuestos del estado.
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El informe aprobado en solo 6 reuniones y por aplastante mayoría (solo uno de los miembros de comité votó en contra) no es más que lo esperado (un documento basado en argumentos presuntamente científicos pergeñado para dar aval a un previsible nuevo hachazo a las pensiones presentes y futuras. Es exactamente lo que el gobierno precisaba para poder obedecer a las indicaciones del FMI y demás órganos internacionales en la vía de los recortes para reducir el déficit rápido y a cualquier precio: está más cercano a ser una coartada que un informe técnico. Y eso se nota en la propia composición del comité, en la ausencia de debate entre los diferentes expertos que lo formaron y por supuesto, en los numerosos errores, cometidos con mayor o menor alevosía, (vista la composición del grupo no anima demasiado a creer en la inocencia) contenidos en el informe.
Los miembros del comité de expertos:
Ni siquiera Tomás Burgos, se ha atrevido a rechazar la idea de que el comité tenía ideología, si bien añadió que no obedecía a instrucciones. No es necesario dar instrucciones si las personas elegidas ya de antemano quieren lo mismo que tu deseas que concluyan. Entre los 12 miembros de la comisión 9 tendrían interés directo en que la calidad de las pensiones públicas se deteriore cuanto más mejor, induciendo a los ciudadanos a complementarlas con productos financieros de ahorro, o seguros. Y esto es así porque trabajan directamente o como asesores bien para la banca, para aseguradoras o para la patronal de las aseguradoras privadas. A la postre, incluso habiendo 3 posibles opiniones discrepantes, sabemos ya que solamente el representante de UGT (Santos M Ruesga) votó en contra del dictamen y por declaraciones de este, sabemos también que no hubo voces discrepantes, ni propuestas alternativas, ni ningún tipo de debate interno. Incluso el representante de CCOO, para sorpresa de ¿propios? y extraños, votó a favor del informe.
El contenido de las reuniones:
El objetivo del comité de expertos y por tanto del informe emitido, era, según la ley 27/11, diseñar una fórmula para un factor de sostenibilidad futura de las pensiones, vinculando estas a factores demográficos como la esperanza de vida. Según declaraciones de Santos M Ruesga (el único voto en contra y representante de UGT en la reunión), desde el primer día había una fórmula clara, a la que sólo se hizo algunas matizaciones formales. No hubo opción de entrar con detenimiento en otras alternativas. La propuesta inicial caminó como la única a lo largo de cinco o seis reuniones. La esencia del informe, (es decir, las dos fórmulas de cálculo de la pensión inicial y de revalorización de las pensiones existentes) estaba bastante clara desde la segunda reunión, así como la mayoría que lo iba a apoyar. Una de las cosas acordadas es hacer recaer la sostenibilidad del sistema en los propios pensionistas, es decir, vincularla únicamente al recorte del presupuesto destinado a pensiones, sin haber evaluado la posibilidad de incrementar los ingresos.
El comité, extralimitándose en sus funciones, ha emitido un informe catastrofista, injustificado según algunos economistas, sobre el futuro de las pensiones, y se ha permitido incluir un nuevo índice más, complementario al anterior, vinculando la actualización de las pensiones a la situación económica del país. La aplicación del doble índice propuesto supondría un recorte en la cuantía de la pensión de jubilación del 5% cada 10 años. Eso si, los expertos del comité pasan la pelota al gobierno (solo asesoramos, el resto lo hacen los políticos) y suponemos que el gobierno hará lo propio (nos atenemos a las recomendaciones de los expertos).
El argumento «demográfico»: de aquí a 2050 la relación entre la población activa y los perceptores de pensiones, así como el alargamiento previsible de la esperanza de vida hasta los 25 años tras la jubilación, hará insostenible el sistema. Este argumento, que aparentemente no puede ser mas simple a primera vista y más fácil de explicar a la población, justifica, según una versión preliminar del informe (esta frase fue eliminada de la versión definitiva) que se «aproveche» este momento de crisis en el que la población entenderá la necesidad para tomar estas duras medidas. el gasto “insoportable” al que llevaría el envejecimiento previsto de la población española supondría gastar en 2050 un 15% o un 17% de nuestro PIB. Parece mucho, pero Italia gasta en estos momentos alrededor del 14%. Es tan irreal decir que ese porcentaje sería insostenible en 2050 que incluso alguno de los economistas que han firmado el manifiesto de los 100 solicitando reformas liberales (2010) de las pensiones públicas ha reconocido que ese no es el auténtico problema del sistema. Pero además las proyecciones de la población para 2050 están hechas sobre hipótesis que son inciertas, o al menos son modificables (como por ejemplo que el índice de natalidad caerá de tal forma, que en ese año la población española se reducirá de los 46 millones actuales a 41 millones).
En cualquier caso lo que sostiene el sistema no es la cantidad de población activa, sino la productividad. No es cuantas personas producen, sino cuanto producen. El informe indica que en 1900, la esperanza de vida de las personas de 65 años era 10 años y ahora es 20 años. El que se haya doblado en más de un siglo le parece al grupo de expertos un enorme problema. Parecen ignorar que, desde 1900 hasta ahora, el PIB (es decir, la riqueza del país) ha crecido 24 veces (si, 24 veces). Es cierto que la esperanza de vida de las personas de 65 años se ha doblado en más de un siglo. Pero, ¿cuál es el problema si la riqueza del país ha crecido 24 veces durante el mismo periodo, es decir que el país es 24 veces más rico ahora que en 1900?. Si la productividad aumentara un 1,5% por año (el crecimiento anual promedio en el periodo 1971-2011 ha sido de 2,4%), el PIB de España sería 2,25 veces más grande en la segunda mitad del siglo XXI (hacia 2060) de lo que lo fue al principio de la crisis en 2007. Es decir, si el PIB fuera 100 puntos en 2007, este aumentaría a 225 en 2060. Pues bien, España se gastó 8 puntos del PIB (el 8%) en pensionistas y 92 en no pensionistas en 2007. Los alarmistas indican que para sostener a los pensionistas habrá que gastarse en España en 2060 el 15%, lo cual indican que es inasumible. La realidad es que un 15% del PIB en el 2060 (es decir, de 225) serían 33 puntos (15% de 225) para pensionistas, cantidad mayor que los 8 de 2007, y 192 para los no pensionistas (225-33=192), lo cual es superior a los 92 del 2007.
Otra cosa que no se menciona en el informe es que lo que ha puesto en peligro el sistema financiero, es el crecimiento desmedido de la economía financiera, la que no produce, la que no genera rentas del trabajo ni cotiza a la seguridad social, y aquella cuya contribución a las arcas del estado es ínfima en relación al dinero que mueve. En 1971 había una operación financiera por cada una de la economía productiva, existiendo la necesaria correspondencia entre producción de bienes y servicios y su financiación. En 1990 ya existían 15 financieras por cada una de la economía productiva (denominada también “real”) En 2007, inicio de la actual crisis terminal del capitalismo financiero, esta relación había aumentado a 73,5 veces, que se ha multiplicado por más de tres hasta 2011.
Y esto enlaza, por último, con uno de los factores más importantes que el informe de los expertos ni siquiera mencionan: la sostenibilidad del sistema de pensiones depende de lo que el estado gasta (o invierte, según se mire) en pensiones, pero con seguridad depende también de lo que el estado ingresa. Con un sistema fiscal que tuviera en cuenta una adecuada redistribución de las rentas (redistribuir del capital – especialmente financiero – hacia los trabajadores y no al contrario), no se habrían reducido los impuestos a las empresas más ricas. El tipo máximo al que tributan las sociedades del del 30% – el tipo máximo para las personas físicas es del 52% – y lo recaudado en el impuesto de sociedades supuso el 1,9% del PIB en 2011 (en 2007 era un 150% superior: del 4,8%). Se han eliminado impuestos sobre las grandes fortunas, como el de patrimonio (suspendido en 2007 y aunque en 2010 se repuso en muchas CCAA, en Madrid, donde radica el domicilio fiscal del 50% de las grandes fortunas continúa sin implantarse), y no se ha impuesto la tasa sobre actividades financieras. ¿Y qué decir de las SICAV?, que son sociedades que acumulan el patrimonio de los más acaudalados, y sólo tienen que tributar el 1% de sus beneficios. Remitiéndonos una vez más a la composición del comité de expertos, está claro que este olvido tampoco es casual.
Durante las conversaciones previas a la tramitación parlamentaria de la ley nos adelantaron los medios oficiales que Fátima Báñez prometía limitar el recorte propuesto con el fin de atraer a los sindicatos a su molino (no es difícil sospechar, conociendo la trayectoria de los sindicatos mayoritarios en estos últimos años, que exista un pacto previo: tu rebaja un poco tus expectativas y yo seré bueno y no montaré mucha bulla laboral). También se habló de forma confusa, de modificar algunos tipos de pensiones (viudedad por ejemplo) cargándolas a los presupuestos y no a las cotizaciones a la seguridad social. Ahora sabemos en que quedó todo: en mera campaña de despiste. Mientras nos solazábamos con los nuevos numeritos del panem et circenses político (el café olímpico aderezado con el interminable sainete autodeterminativo catalán) el gobierno ha sentenciado y ejecutado el sistema público de pensiones. Y en un nuevo alarde de su capacidad de mentir, no solo ha incluído los dos índices “recortadores” sino que adelanta a 2019 la entrada en vigor del sistema e incluye un techo de subida de las pensiones incluso para tiempos de bonanza económica (en los que el IPC tiende a subirse a las ramas por encima del 3% y la subida de las pensiones no podrá ser superior a un 0,25%).
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Como siempre que hablamos de medidas de corte neoliberal sugeridas desde la troika, no estamos hablando solo de recortes, sino de un nuevo impulso al trasvase de dinero hacia la banca. Se toman estas medidas para incentivar la suscripción de los llamados planes de pensiones privadas (ya el ministro de economía Corbacho, en el gobierno de Zapatero, hacía esta recomendación a los futuros jubilados). Es lógico que las personas que una y otra vez oyen que cuando llegue su jubilación no van a tener suficiente pensión pública traten de ahorrar para tener una privada. Pero ahí también hay dos trampas. La primera suponer que todo el mundo tiene capacidad para ahorrar: el 70% de las familias (datos de febrero de 2013) no llega a fin de mes. La otra trampa es ocultar a los suscriptores de planes privados de pensiones bajo la oferta de ahorro a corto plazo y desgravaciones fiscales que la rentabilidad a largo plazo de estos productos es mínima, cuando no negativa, si se contempla la inflación.
No seas Segismundo 