La franca decadencia de nuestra clase política, unida a su alejamiento cada vez mayor respecto a las inquietudes de la ciudadanía, hace que en estos tiempos en que a todos nos recortan se alcen voces pidiendo que sean ellos quienes sufran el primer y mayor recorte salarial. Pero ¿es el salario lo que hay que pedir que se les reduzca? Es posible que el verdadero problema de su enriquecimiento ilegítimo (o inestético al menos), no provenga de su sueldo, sino de una parte de sus ingresos que no computa ni tributa del mismo modo. Y por cierto ¿que fué de aquella demanda de DRY contra 65 diputados por cobrar indebidamente dietas por desplazamiento?

Autor: Sole gonzález

Es incuestionable que en nuestro país tenemos una clase  política con una calidad deplorable y lo que es peor: en continua decadencia desde el inicio de la democracia. Cada vez más, nuestros concejales, alcaldes, diputados, ministros, senadores y presidentes son personas “del partido” cuya única experiencia consiste en haber ido escalando puestos dentro de la jerarquía del mismo (muchas veces de forma poco limpia con los compañeros, puesto que la democracia interna escasea, abunda a cambio la maniobra en la sombra). Cada vez son menos frecuentes las personas con una carrera profesional al margen de la política, con experiencia por tanto en el ámbito de la gestión y cuyo medio de supervivencia no es exclusivamente la permanencia en su cargo.

Es evidente que necesitamos mejores políticos que los disponibles actualmente y que el sistema actual de elección dentro de los partidos favorece más la disciplina, obediencia debida y clientelismo que la competencia en la gestión. No obstante la indignación ciudadana ante la falta de calidad y desinterés de los gobernantes (a todos los niveles de la administración) por resolver los problemas, y, cada vez más, con la corrupción que parece epidémica entre ellos, hace que cunda entre la población la demanda de un recorte de los salarios y del número mismo de los cargos políticos. Afortunadamente no son tantos como circula por los mentideros de internet. En nuestro país ni hay ni ha habido nunca la escandalosa cifra de 450.000 políticos, y no conviene que nos dejemos cegar por cualquier información contraria a la clase política sin comprobar la veracidad de los datos. Los cargos electos en nuestro país suman 73.515 y son 80.000 políticos cobrando un sueldo del estado si tenemos en cuenta a altos cargos de las Administraciones y asesores directos de libre designación, así que la diferencia viene de ahí. ¿Se puede tener mejores políticos con peores sueldos? ¿Existe de verdad en política el buen gestor animado únicamente por su vocación de servicio público? ¿Es la nómina de los cargos políticos electos el verdadero problema?

Este artículo va de sobres:

1-. Sobre sueldos:

¿Son elevados los salarios de nuestros gobernantes? No lo parece: en la actualidad el presidente del Gobierno gana unos 75.000 euros, aproximadamente el doble de lo que cobra un licenciado y el triple de lo que cobra el ciudadano medio. Sin embargo, su salario supone siete veces menos de lo que ganan los miembros de los consejos de administración de las empresas del IBEX 35. En comparación con otros mandatarios internacionales, el presidente del gobierno español es uno de los que menos gana tanto en términos nominales como en relación al salario medio de la población, y su salario es incluso inferior al que reciben muchos altos funcionarios de la Unión Europea. Tampoco salen mejor parados nuestros parlamentarios, quizás los peor pagados de los países de nuestro entorno, ni los directores y gerentes de la administración pública, cuyo salario, al contrario de lo que sucede con el resto de empleados públicos, es inferior al salario recibido por sus homólogos del sector privado.

¿Contribuiría la reducción de los sueldos a atraer a la política a personas con más formación y vocación de servicio público? En esto no hay experiencia en nuestro país, pero si hay estudios realizados en otros que lo han analizado y relacionan la calidad de los políticos (en cuanto a su formación previa y en cuanto al desempeño de su función) con la retribución que perciben. En este sentido hay dos artículos y un estudio experimental llevado a cabo en México con altos cargos de la administración. En los estudios realizados en Brasil (Ferraz y Finan 2009) e Italia (Gagliarducci y Nannicini 2011). Los argumentos son bastante intuitivos y son similares en ambos artículos. Un mejor salario a) disminuye el coste oportunidad (es decir: lo caro que le sale a una persona abandonar su profesión para dedicarse a la política) de que los buenos profesionales se dediquen a la política y b) genera más incentivos para gobernar bien porque te pagan generosamente en el cargo y quieres salir reelegido. Por lo tanto, se esperaría que los salarios incidieran positivamente en ambas cuestiones. Los resultados de sus análisis van en esta dirección. En los municipios en los que los alcaldes eran mejor pagados, dichos políticos tendían a ser profesionales cualificados (abogados, managers…) y tenían más formación en promedio. El salario parece que atrae a  mejores perfiles de político. Pero además estas ciudades están mejor gobernadas. Para saber si este mejor desempeño es por la selección de los alcaldes o por su incentivo para estar en el cargo (dado el buen sueldo), Italia ofrece una oportunidad fabulosa ya que los primeros ediles tienen limitación de mandato a dos legislaturas. Este hecho permite comparar el rendimiento entre alcaldes que pueden repetir y los que no y, según los datos, lo que principalmente lleva que una ciudad esté bien gestionada es la selección de buenos alcaldes y no tanto el incentivo de ser reelegidos. Por último, en el artículo también se muestra que el sector público tiende a ser menor en los municipios gobernados por estos alcaldes. Esto puede ser por dos razones. Por un lado, puede que sea porque al ser profesionales cualificados creen más en la gestión privada y reducen el sector  público (preferencia). Por otro lado, también puede ser que sean mejores gestores y supriman administración superflua (eficiencia). Pues bien, en el análisis comparan diferentes indicadores, como las ratios de pago de impuesto y la velocidad en su recogida, y los resultados apuntan a que la mejora es principalmente en términos de eficiencia. Simplemente estos alcaldes administran mejor sus ciudades al margen de su ideología. Por tanto no parece que tener políticos bien pagados sea un problema, sino al contrario, en la mejora de la calidad formativa y de gestión. Sin embargo, no es obvio que unos mejores salarios vayan a atraer a individuos más honrados o con una mayor vocación de servicio público. De hecho, en teoría podría incluso ocurrir lo contrario: unos salarios más elevados podrían atraer a candidatos más competentes profesionalmente pero con una menor vocación de servicio público. En este sentido, el ensayo randomizado realizado en México por Dal Bo, Finan y Rossi en 2012, investigando este aspecto, nos permite saber que salarios más elevados atraen a la política a mayor número de personas, con mayores cualidades intelectuales y no intelectuales y mayor vocación de servicio público. También demostraron que un incremento salarial permite cubrir los puestos menos atractivos con personas cualificadas. El problema por tanto no parece ser el salario fijo de nuestros políticos, que es relativamente bajo y relativamente transparente. ¿Donde está pues el problema para nuestros recortados presupuestos?

En los sobre sueldos y en el número de  cargos de libre designación.

2-. Sobre la libre designación:

En un artículo de Víctor Lapuente (profesor de Ciencia Política, experto en corrupción, de la universidad de Göteborg) explica como en una ciudad europea de entre 100.000 y 500.000 habitantes, tan solo hay tres cargos, incluido el alcalde, cuyo salario depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plenos poderes de decisión en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones. Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas. Unido a que no se protege de ninguna manera al funcionario dispuesto a denunciar la corrupción en su departamento. Por tanto, es posible admitir que un cargo político precise a su lado alguna persona de su confianza, pero … hasta cierto punto, y este punto debe ser entre bastante y muy limitado, y viene definido por un equilibrio entre la capacidad de cambiar políticas una vez hay cambio de Gobierno y la necesidad de mantener una senda coherente en la aplicación de las mismas día a día a pesar de los cambios electorales independientemente de posibles redes clientelares que puedan establecerse. Porque una de las cosas más interesantes de tener un funcionariado con seguridad laboral, carrera establecida, bien seleccionado y pagado es que este actúe como potente dispositivo anticorrupción.

3-. Sobre financiación de los partidos:

Los partidos políticos, aunque calificados como asociaciones privadas, se nutren con fondos públicos que se reparten, aunque sea en dinero blanco, entre sus dirigentes, sin sometimiento a regla alguna. El propio sueldo del Sr. Barcenas, 200.000€ anuales, da fe de ello.

4-. Sobre semántica, sobresueldos y sobre-se-y-miento(s):

Los políticos son los únicos empleados públicos que pueden compatibilizar varios sueldos. Y sobre todo, son los únicos funcionarios que no solo fijan su propio salario (los del resto del funcionariado están regulados por ley) sino que deciden que parte de su sueldo va en una  nómina sujeta a las mismas leyes que el resto de los ciudadanos, y cual va en forma de dietas y otras fórmulas de cobro exentas de escrutinio en virtud del artículo 16.2b de la ley de IRFP (“serán objeto de fiscalización “las cantidades que se abonen, por razón de su cargo, a los Diputados españoles en el Parlamento Europeo, a los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, a los miembros de las Asambleas Legislativas autonómicas, Concejales de Ayuntamiento y miembros de las Diputaciones Provinciales, Cabildos Insulares u otras entidades locales, con exclusión, en todo caso, de la parte de las mismas que dichas instituciones asignen para gastos de viaje y desplazamiento”).  Estos conceptos, en algunos casos alcanzan hasta el 75% de la retribución de un cargo.

La misma ley de IRPF deja en manos de las Cortes la fijación de las dietas. Así el presidente del Congreso de los Diputados recibe casi 4.000 euros al mes por gastos de representación y otros 3.210 para gastos de libre disposición; los presidentes de comisiones, por su parte, obtienen un complemento de 1.600 euros al mes para gastos de representación. Y del mismo modo todos los diputados electos por una circunscripción distinta a Madrid reciben 1.823 euros al mes para pagar los “gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad de la Cámara”. A los diputados por Madrid se les abona, en cambio, 870 euros mensuales. Además del dinero destinado a manutención, alojamiento o transporte, los parlamentarios españoles perciben otros extras, como los que remuneran a los miembros o presidentes de comisión y a los portavoces. No obstante, cualquier persona que recibe dinero para dietas procedente de fondos públicos debe justificar en que ha utilizado ese dinero. Por tanto, esos diputados que habiendo sido elegidos fuera de Madrid cobran 1000 euros más que sus compañeros, deberían, si la lógica imperara, utilizarlos en pagar o bien su desplazamiento a Madrid, o bien un alojamiento. La realidad es que muchos de estos, hasta 65, incluyendo, por ejemplo a la ministra Fátima Báñez, disponen de una o varias viviendas en propiedad en la capital, por lo que no se sabe a que dedican esas dietas. Por esta razón, Democracia Real Ya interpuso una querella por malversación de fondos contra estos 65 diputados. Dicha querella, ha sido desestimada por la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Y el motivo del archivo es que en la normativa del congreso (redactada y aprobada, como no, por los propios parlamentarios), se especifica que los diputados no tienen que dar parte ni justificar en que emplean esa cantidad de dinero que se les asigna. Es decir: todo el mundo lo llama Dietas o Gastos de representación pero en realidad, y así lo reconoce la sentencia, pueden hacer con ese dinero lo que les plazca. La diferencia pues, entre la malversación de fondos y un dinero legítimamente utilizado es por tanto, una cuestión de semántica: no son dietas sino “un dinero destinado a cubrir los gastos que les origine la actividad parlamentaria” sin más especificaciones. Lo mismo pueden ser mariscadas que la  asistencia en zona VIP a un evento deportivo, siempre que lo atribuyan a su trabajo como diputados. La sentencia manifiesta que “Esto entra dentro del capítulo de la situación particular de cada sujeto y su ética personal, aspectos en los que la jurisdicción penal no debe entrar”. A cualquiera le caería la cara al suelo leyendo esto, pero para eso es preciso tener vergüenza.

Como conclusión: cualquier reforma que pretenda mejorar la calidad de nuestra clase política tiene que incidir sobre tres componentes a la vez. Es fundamental que desaparezcan las dietas o se hagan transparentes (eliminar el factor semántico), que se prohíban o limiten los solapamientos de funciones y, muy particularmente, que se restrinjan los cargos de libre designación que alimentan amiguismos y redes clientelares. Todos estos componentes, de hecho, son tremendamente opacos y son los primeros que deberían ser atacados y criticados por nosotros, los ciudadanos. El cargo electo tiene una legitimidad democrática (al menos teóricamente), los parásitos que viven de él no. Por tanto no es imposible que mejorar los sueldos de los políticos sea una buena medida, pero tan solo si se refiere a la parte transparente de los mismos. Eliminando por tanto toda opción de opacidad en sus ingresos y reduciendo de forma drástica los cargos de libre designación.