Entre capullos y gaviotas/Movimientos indignados

La “normalidad” del estado de excepción

El pasado 19 de Junio pasará a los libros de historia como la jornada en que se cumplió la “normalidad constitucional” con la coronación de un nuevo jefe de estado. Pero nada de lo ocurrido ese día ha sido normal ni constitucional. Analizando lo sucedido durante la jornada de coronación del nuevo rey y uniéndolo al conocimiento que tengo de las actuaciones que vienen siendo habituales desde hace 3 años ante cualquier intento de movilización de la ciudadanía, ya sea espontáneo o convocado, no puedo evitar sentir que nuestro país vive en un estado de excepción no declarado. Dicha circunstancia, se nos ha ido imponiendo por la vía de los hechos consumados y paulatinamente de unos años a esta parte. Para darse cuenta no hay más que comparar la lista de derechos que quedan restringidos en caso de declaración del estado de excepción y las noticias que leemos diariamente en la prensa. Pese a no haber ni un solo suceso que cumpla la premisa requerida para tal declaración, el gobierno y sus fuerzas actúan de un modo completamente desproporcionado a las actuaciones de los ciudadanos.

El estado de excepción está recogido en nuestra constitución, como medida que puede tomar un gobierno avalado por el parlamento en ley orgánica, con el fin de restablecer la normalidad constitucional “cuando circunstancias extraordinarias hiciesen imposible el mantenimiento de la normalidad mediante los poderes ordinarios de las Autoridades competentes”. Tal estado debe declararse cumpliendo una serie de parámetros legales y en unas condiciones muy determinadas, que incluyen la petición de autorización al parlamento y la aportación de la documentación que justifique la restricción de los derechos de las personas.

“cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el normal funcionamiento de las instituciones democráticas, el de los servicios públicos esenciales para la comunidad o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para establecerlo y mantenerlo” (artículo 2 de la Ley Orgánica 4/1981).  […]

Derechos y libertades que pueden ser suspendidos. La Constitución prevé la posibilidad de suspender los siguientes derechos y libertades:

    El derecho a la libertad y seguridad personales (art. 17). Declarado el estado de excepción, podrá procederse a la detención de cualquier persona siempre que existan fundadas sospechas de que esa persona vaya a provocar alteraciones del orden público [ …]

    El derecho al secreto de las comunicaciones, en especial de las postales, telegráficas y telefónicas (art. 18.3), con las mismas cautelas de comunicación inmediata a la autoridad judicial y siempre que la intervención de las comunicaciones fuese necesaria para el esclarecimiento de hechos delictivos o el mantenimiento del orden público.

    La libertad de circulación y residencia (art. 19). Puede prohibirse la circulación de personas y vehículos, así como delimitarse zonas de protección y seguridad, e incluso exigir la comunicación de todo desplazamiento u obligar a una persona a desplazarse fuera de su lugar de residencia. Para la adopción de tales medidas, la autoridad gubernativa deberá tener motivos fundados en razón de la peligrosidad que para el mantenimiento del orden público suponga la persona afectada por tales medidas.

    Los derechos a la libertad de expresión, a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica (art. 20.1 a) y b) y el secuestro de las publicaciones, grabaciones u otro medio de información 20.5). La adopción de estas medidas -se advierte expresamente en la Ley Orgánica 4/1981- no podrá llevar aparejada ningún tipo de censura previa.

       – Los derechos de reunión y manifestación (art. 21), pudiendo la autoridad gubernativa someter reuniones y manifestaciones a la exigencia de autorización previa, prohibir su celebración o proceder a la disolución de las mismas.  Expresamente quedan excluidas las realizadas por partidos políticos, sindicatos u organizaciones empresariales en cumplimiento de los fines previstos en los artículos 6 y 7 de la Constitución.

    […]

Efectos de la suspensión. Con independencia de que cada una de las situaciones de excepción traiga consigo unos determinados efectos, derivados de sus propias características, lo cierto es que si no la Constitución, sí la Ley Orgánica de los estados de alarma, excepción y sitio ha previsto unos genéricos:

    – La suspensión de derechos y libertades-y demás medidas extraordinarias- habrán estar orientadas al restablecimiento de la normalidad constitucional.

    – La suspensión habrá de durar el tiempo mínimo indispensable para dicho restablecimiento de la normalidad constitucional.

– Como medida excepcional, la suspensión de derechos habrá de realizarse de forma proporcionada a las circunstancias, de modo que en ningún caso será legítima si es desproporcionada a la alteración del orden público producida.

    – En fin, todos los actos de la autoridad gubernativa adoptados durante la vigencia de la suspensión de derechos son impugnables en vía jurisdiccional, con la consiguiente contrapartida para el ciudadano del derecho a ser indemnizado por responsabilidad patrimonial de la Administración por los perjuicios sufridos en su persona o en sus bienes.

 

Llevamos varios años viviendo en un estado de excepción “de facto”, injustificado y sin fecha para la vuelta a la normalidad. Se suceden los Intentos de censura de las redes sociales: persecución tuiteros, intento de legislación preventiva y listados de activistas. Encarcelamientos por participar en piquetes de huelga, detenciones por pertenecer a presuntas bandas terroristas….La agresión contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, que tienen lugar desde la última legislatura de Zapatero, se incrementó a partir del 15M y desde entonces, hemos entrado en una espiral que parece no tener límites. Se atacan los derechos fundamentales, los cívicos, los sociales, el derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda, al trabajo. Simultáneamente a los recortes, hay una escalada represiva, imprescindible para que el miedo en la población supere su necesidad de manifestar el rechazo a estas agresiones. Es una ofensiva global contra todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, que por supuesto y fundamentalmente afecta a la libertad de expresión y manifestación. Se pretende asfixiar una rebelión que saben posible ante cualquier detonante, no sólo controlando Internet y las redes sociales, sino también con otros medios legislativos, como por ejemplo, el proyecto de ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal de Gallardón, con artículos como el 559 que criminaliza el apoyo a protestas o a la convocatoria de manifestaciones a través de Internet. Se pretende responsabilizar de posibles incidentes a cualquiera que anime una protesta o se solidarice con ella. Se practican identificaciones irregulares (sin haberse cometido ningún delito ni existir sospecha fundada de que se vaya a cometer) impunemente. Paralelamente se encarece el acceso a la justicia para frenar las demandas. Los datos de estas identificaciones forman parte de ficheros que están fuera del alcance de los ciudadanos, se ignora que datos constan en tales ficheros, y violan la ley de protección de datos personales.

 

La OSCE (Organización para la Seguridad y Cooperación Europea) en suInforme, publicado el día 9 de octubre de 2013 (páginas 4 y 31), refleja la preocupación de este organismo por la actuación represiva del gobierno. El comisario encargado manifiesta su preocupación por la vulneración del derecho de reunión y manifestación, por la desproporción de las actuaciones policiales y por la indefensión del ciudadano frente a estas “subraya la necesidad de que las autoridades se rijan por las recomendaciones formuladas por la Defensora del Pueblo, y garanticen el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de reunión y de asociación consagrados en los artículos 10 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, incluso en el contexto de manifestaciones “espontáneas” no notificadas”. En ese mismo año 2013 fueron invitados a marcharse de España a seis miembros de la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) que habían llegado a España para evaluar el derecho de reunión y manifestación en nuestro país con motivo de la marchaJaque al rey. La OSCE emitió una dura nota de queja en la que ve con preocupación “las intenciones que puedan tener mañana las autoridades” españolas al haber dado “este giro radical de manera sorprendente”.

 

Como último hito en el establecimiento del estado de excepción, se ha impuesto la “normalidad” en el relevo de la jefatura de estado. Un relevo decidido por una camarilla selecta de personalidades del PP y PSOE. Para ello han necesitado una ley de abdicación tramitada de forma irregular, saltándose los tiempos que exigen los trámites de las Cortes, que ha obligado al principal partido de la oposición a votar en contra de la opinión de sus bases y no permitir el voto en conciencia de sus diputados, lograr que todos los medios del régimen durante días enaltezcan la monarquía hasta la náusea e instigar a la censura de los disidentes, prohibir símbolos republicanos incluso entrando en la sede de un periódico a retirar una bandera tricolor de un balcón y cualquier expresión incluso verbal de disconformidad con la forma de estado, precintar la puerta del Sol, vetar 4 manifestaciones comunicadas a la Delegación de Gobierno en un día (olvidando que la “obligación” de comunicar no es una petición de autorización), atacar la libertad de prensa, detener a una decena de personas, retener ilegalmente a más de 100, poner a 120 francotiradores a apuntar a ciudadanos y ciudadanas. Se culminará el proceso con el blindaje no solo penal, sino también civil, de dos ciudadanos  (Juan Carlos y Sofía) que ya no ostentan ningún tipo de cargo público, tramitado también de forma irregular (una vez más reduciendo el debate parlamentario, como acostumbran: a mayor importancia de la  ley, menos debate) haciendo caso omiso a la gravedad que dicha excepción supone y al mensaje que se transmite a la ciudadanía sobre pasadas, presentes y futuras presuntas (todavía y así se quedarán) actividades ilegítimas del ¿Rey emérito?. Y contra la cual, obviamente, no cabe oposición por parte de la ciudadanía.

 

Esta prohibición general a la libertad de expresión, “fundamentada” en un discutible estudio jurídico que comparaba el peligro que podría ocasionar la provocación entre diferentes hinchas de dos equipos de fútbol, y la remota posibilidad de que la exhibición de posturas republicanas en un ambiente “inclinado” a la monarquía pudiera producir altercados entre uno y otro bando ideológico, no sólo constituía un insulto a la inteligencia, sino que, además, suponía una clara burla a esa Constitución que nuestros gobernantes dicen es intocable.

 

El día 19 de Junio pasará a la triste historia de este país, y se venderá como reflejo de la normalidad en la sucesión al trono Así se han esforzado en remarcarlo miembros de este gobierno y gobiernos anteriores, así como los medios de comunicación masivos. Pero no fue un díarepresión19j normal: hubo durísimas intervenciones policiales contra quienes portaran símbolos republicanos; hubo incautación de banderas; hubo “retenciones” más allá de lo permitido, como la imagen de una mujer con su hijo menor de edad que, aterrorizado, rompe a llorar ante la mirada amenazante de los cinco policías que los rodean; hubo detenciones absolutamente humillantes, esposados a la espalda, en medio de la vía pública, por gritar “Viva la República” y por negarse a callar, hubo una visita a la redacción de eldiario.es de dos policías que exigían la retirada de la bandera republicana colgada en su balcón; hubo golpes a personas que se negaban a acatar la orden de cesar en su empeño de expresarse contrarias a la monarquía; hubo impedimento de transitar libremente por la vía pública, encapsulando a manifestantes en varias plazas (Plaza de Tirso de Molina, Puerta del Sol). A este respecto, es bueno recordar que en casos de exceso policial, abuso de autoridad e, incluso de presuntos delitos cometidos por agentes de policía, éstos perderían su condición de autoridad, por lo que no cabría hablar de atentado, resistencia o desobediencia a la autoridad. Y todo ello es impropio de la situación “normal” que nos han vendido los medios y los gobernantes, es sin embargo, característico del estado de excepción. Sucede que llevamos tanto tiempo inmersos en este clima, que los propios afectados asumimos que esto es lo que va a pasar y el resto de la gente ha incorporado a su pensamiento lo habitual como norma.

Más allá de evitar una acción concreta, lo que persigue con estas actuaciones es un efecto disuasorio que se produce cuando una conducta no prohibida en nuestro Ordenamiento Jurídico, como el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y a la libre manifestación, se criminaliza y se reprime, después de haberla tachado de peligrosa. En estos casos, dice nuestra jurisprudencia (sentencia del Pleno del Tribunal Constitucional de 20 de Julio de 1.999), que “la desproporción entre el fin perseguido y los medios empleados para conseguirlo puede dar lugar un sacrificio excesivo e innecesario de los derechos que la Constitución garantiza”. Es decir, bajo ningún concepto, ni siquiera el hipotético riesgo de seguridad ciudadana, se puede impedir ni reprimir el derecho a la libertad de expresión. Un derecho que se aplica también a la disensión política en un Estado de Derecho, incluso para expresarse profundamente contrario al sistema establecido.
Nuestra Constitución  (y la Declaración Universal de Derechos Humanos, y todos los demás tratados y pactos internacionales que nuestro país suscribe) consagra el derecho a la protesta pacífica, siempre, y en todo caso, sin cortapisas ni condiciones, salvo en el supuesto de declaración del estado de excepción con los avales legales correspondientes.

En estas circunstancias no puedo evitar recordar como en el documental “La doctrina del shock” se expone la forma en que un gobierno precisa que la población permanezca en un estado de shock para imponerle unas medidas laborales, sociales y económicas tan agresivas que de ninguna otra forma serían permitidas por la ciudadanía.

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