Es un hecho que el sobreendeudamiento de las administraciones, incluso después del proceso de socialización de pérdidas de las entidades financieras, es fundamentalmente privado y no público. Es también un hecho que son las multinacionales y entidades financieras las que más se han lucrado durante los años previos a la crisis, al tiempo que generaban las burbujas cuyas consecuencias padecemos. Por supuesto sería deseable un debate a la hora de concretar la ilegitimidad de la deuda que ha de estar abierto a múltiples matices, pero es evidente que, haciendo un sencillo análisis, si existiera la voluntad política necesaria, se podrían plantear alternativas para la solución de este problema, que se está utilizando como disculpa para recortar los derechos de las personas Las soluciones deberían hacer recaer los mayores costes de los impagos sobre los verdaderos responsables del endeudamiento.
Desde el comienzo de la última crisis, tanto la mayor sensibilización ciudadana como la creciente conciencia crítica hacen más útil que nunca la desinteresada labor pedagógica que se desarrolla por cauces alternativos. El acceso a la información y las posibilidades de autoformación que ofrecen diversos colectivos ciudadanos inundan las redes sociales y ocupan los espacios comunes, también en lo que se refiere a la búsqueda de soluciones para reducir la lacra de la deuda. La administración más accesible para los ciudadanos, aquella que maneja los presupuestos que les afectan más directamente, es la administración municipal. Es lógico que a los ciudadanos les preocupe más aquello que les es más inmediato. En el cuarto trimestre de 2013 los municipios registraron una deuda global de 41.490 millones. Los números rojos de municipios, diputaciones y cabildos equivalen al 4,1% del PIB, el mismo ratio de 2013 y lejos de niveles de hace un lustro, cuando solo suponía el 3,3% del PIB.
Las administraciones públicas son opacas y se suelen caracterizar porque dificultan una participación real en las decisiones consistoriales más allá del voto cada cuatro años. Su opacidad se debe a la burocratización y a la falta de la cultura de la transparencia entre sus funcionarios. No existen vías reales de participación y la poca información ofrecida a la ciudadanía es sesgada y de mala calidad. Sin embargo, más pronto que tarde, la determinación y la imaginación del colectivo, de los ciudadanos trabajando juntos, termina por lograr avanzar pese a estas dificultades. Constituyen ejemplos visibles, entre otros, los informes de auditoría del Ayuntamiento de Cuenca, la presentación de mociones que exigen la moratoria del pago de la deuda pública en diferentes municipios de la Comunidad Valenciana, o las mociones de denuncia de la ilegitimidad de la deuda generada por el plan de pago a proveedores en diferentes municipios catalanes, entre las que se incluye la aprobada por vez primera en Badalona (es importante recordar que solo a través de este plan de pago a proveedores municipales, que afecta a un tercio de los más de 8.000 municipios, las entidades financieras van a ingresar unos 1.105 millones de euros). Todos estos avances se han logrado gracias a la puesta en marcha en estos municipios de una herramienta creada por y para los ciudadanos: los observatorios ciudadanos municipales. (OCM). Para luchar contra esa burocracia y opacidad, la PACD (Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda) ha empezado a difundir los Observatorios Ciudadanos Municipales cuyo objetivo es la puesta en práctica de la auditoría ciudadana de las políticas municipales. los OCM trabajan por el empoderamiento ciudadano individual y colectivo, consiguiendo que existan más personas informadas de la gestión que hace el ayuntamiento de nuestros recursos y gestionan la interacción con la administración a través de consultas públicas. la mejor manera de cambiar la política municipal vendrá determinada por el grado de exigencia de la ciudadanía del mismo pueblo o ciudad. Y para ello primero tenemos que saber qué pasa exactamente en el Ayuntamiento y luego exigir cambios. Un OCM es la suma de:
*Un grupo de personas del mismo municipio que luchan por la transparencia y la participación,
*Una aplicación informática online que facilita los trámites y acerca los presupuestos municipales a la ciudadanía,
*Una red ciudadana municipal que facilita procesos de auditoría ciudadana colectiva (preguntas dirigidas al ayuntamiento y posterior demanda de auditoría en pleno).
Los OCM son una herramienta de participación ciudadana, de control democrático y transformación social. Son garantes de la transparencia de los consistorios al exigir la publicación inmediata, clara y completa de los documentos presupuestarios y contractuales del municipio. Son espacios abiertos, inclusivos, constantes y descentralizados de participación ciudadana y brindan a las personas la posibilidad de compartir y difundir información y organizarse para interaccionar con el Ayuntamiento de un modo completamente distinto.
Para poner en marcha un observatorio, lo primero es pedir con una instancia al Ayuntamiento a que haga públicos el presupuesto, su liquidación y otros documentos económicos sobretodo en formato trabajable, esto es, en documentos Excel o similares. Muchos ayuntamientos o no cuelgan o cuelgan información poco detallada de como distribuyen las partidas y las obligaciones financieras. Una primera instancia tiene el doble propósito de pedir una información que debería ser pública y de exigir prácticas más transparentes. Si el ayuntamiento se resiste a hacer pública la información que la ciudadanía le pide, informarlo a los medios acostumbra a ser una buena medida de presión. Una vez recabados los datos el OCM ofrece de forma abierta y clara los presupuestos aprobados por el ayuntamiento y explica de una manera fácil y sencilla qué funciones tienen, cómo están gestionando nuestro dinero y cuáles son los derechos que como ciudadanos podemos exigirle. Acerca el presupuesto municipal (ingresos y gastos) así como modificaciones y ejecuciones de una forma accesible a la población
El primer paso es analizar y discutir las obligaciones financieras del Ayuntamiento con la banca. Qué créditos existen, por qué motivos, qué obligaciones representan y qué otros servicios se ven perjudicados. Una vez que disponemos de la información, es preciso, salir a la calle para presentar el OCM a los vecinos, con charlas explicativas, puntos de información y comunicados públicos en los medios de comunicación locales. La segunda función del observatorio es facilitar que se realicen consultas abiertas, vinculadas o no a una partida presupuestaria; así como recabar la respuesta (o ausencia de respuesta) del ayuntamiento. La gestión colectiva y organizada de las consultas ofrece ventajas puesto que evitan que todas afrontemos la burocracia de manera individual. Un OCM optimiza el esfuerzo gestionando diversas consultas a la vez y la presión popular y la difusión aumentan la posibilidad de obtener respuesta.
Como último paso, la ciudadanía puede presentar una moción en el Pleno para declarar ilegítima una deuda del Ayuntamiento y presionar a los partidos para que la aprueben. Todo este proceso se ha llevado a cabo en Badalona, Sabadell, Blanes, Valencia (que además ha auditado los diez últimos ejercicios presupuestarios, Cerdanyola del Vallès y Molins de Rei. En esos municipios la ciudadanía ha dicho que la deuda vinculada al famoso Plan de Proveedores es ilegítima e injusta.
La tarea del OCM no concluye aquí. Más bien puede decirse que empieza. Liberando y auditando información municipal, compartiéndola con la ciudadanía, con los movimientos y plataformas, puede cambiar poco a poco la práctica de la política municipal en nuestros pueblos y ciudades. Conocer cuanto le cuesta a la ciudad un servicio (como por ejemplo, un informe urbanístico o las actividades de verano para menores) podría favorecer la búsqueda de soluciones en cooperativas o PYMES locales, contratación de personal de la propia Corporación, etc. El OCM, con su perseverante auditoría de las cuentas del Ayuntamiento, es el paso anterior a la creación de alternativas a la actual tendencia a la opacidad y privatización en los servicios públicos.
En los municipios donde se han presentado instancias y mociones se ha hecho patente que no es imposible vencer la opacidad de las administraciones locales y que con algo de dedicación y esfuerzos compartidos se puede entender y auditar un presupuesto municipal. Compartir la información de lo que es nuestro, trabajar juntos, es el primer paso para la transformación democrática de las municipalidades y para el cambio de una ciudadanía pasiva a una mucho más involucrada con las necesidades de la colectividad.
Detrás de los pasos dados, los métodos empleados, las barreras y las recomendaciones para los nuevos procesos de auditoría, el factor determinante no es el conocimiento técnico. Quienes los impulsan hacen y se hacen preguntas, se despojaron de la carga del “no hay alternativa” y contribuyen a liberar a la economía de su secuestro. Frente a la parálisis que a veces provoca el sentirnos expuestos a un destino incierto, la auditoría ciudadana de la deuda municipal es un gran oportunidad para tomar la iniciativa.
Para saber más:
http://auditoriaciudadana.net/2014/02/16/ciencia-economica-y-auditorias-ciudadanas-municipales/
No seas Segismundo 
Cuando se dice tal cantidad de DEUDA por Habitante entiendo que entran sólo los empadronados en el municipio en cuestión ( incluidos niños ) ?
Entiendo que si, que incluyen a todos los habitantes empadronados en el municipio, y eso significa que también los niños lo están.