Estamos a mediados de Enero y parece que los Reyes Magos nos traen un comienzo de año plagado de esperanzadoras noticias para los ciudadanos. Los tribunales parecen tomar cartas en asuntos que claramente violan los derechos de la ciudadanía:

1-. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ordenado la suspensión cautelar del cierre de las urgencias nocturnas que entró en vigor el lunes en 21 municipios de la región. El Gobierno regional justificó esta medida en la baja afluencia de pacientes que precisan de la asistencia urgente respecto al coste que tiene el mantenimiento del servicio. Mintió respecto a las distancias que esos pacientes deberían recorrer para tener acceso a un servicio sanitario en caso de urgencia a partir de las 3 o las 8 de la tarde, según el municipio.

2-. El Tribunal Constitucional ha decidido suspender el euro por receta aprobado en Cataluña el pasado junio, tras admitir el recurso presentado por el Gobierno y mientras decide sobre el fondo del asunto. El Ejecutivo de Mariano Rajoy planteó el pasado diciembre un recurso de inconstitucionalidad y el pasado viernes anunció que también lo planteará para el copago farmacéutico que entró en vigor el pasado 1 de enero en la Comunidad de Madrid. El abono de un euro por cada receta adquirida en la farmacia ha estado en vigor en Cataluña durante siete meses. La admisión a trámite supone la suspensión automática durante cinco meses del pago del euro por receta en Cataluña. El recurso se planteaba por romper la igualdad entre los españoles y gravar medicamentos. El argumento presentado por el Gobierno se basaba en la tesis del Consejo de Estado de que las comunidades autónomas no pueden incidir en la fijación de los precios de productos sanitarios. Esa tasa grava por dos veces la adquisición de medicamentos. El Gobierno de Cataluña ha lamentado la suspensión cautelar del euro por receta y ha asegurado que va a presentar alegaciones ante el Constitucional y que de momento se seguirá cobrando. Esperemos que pronto siga la suspensión en la Comunidad de Madrid.

Por otra parte, la ciudadanía empieza su propia ofensiva para defenderse de la represión injustificada y para reclamar las apropiaciones indebidas de dinero público por parte de algunos políticos.

1-. En estos días, la comisión legal sol ha presentado la primera demanda contencioso-administrativa contra la Delegación de Gobierno por sanciones. Fue interpuesta en la mañana del dia 10 de enero con  motivo de una sanción de 300 € impuesta a un ciudadano por participar en la jornada “Toma la Bolsa” el pasado 17 de septiembre de 2011. Desde mayo de 2011, son ya unas 300 “multas” las que han sido puestas en conocimiento de esa  Comisión Legal. Todas ellas tienen un único denominador común: sancionar a ciudadanos por ejercer sus legítimos derechos y llevar a la calle reivindicaciones políticas, sociales y económicas, en una clara política represiva y de implantación de miedo. Hasta la fecha y bajo la asesoría de la Comisión Legal,  se han efectuado alegaciones contra estas sanciones aportando pruebas que acreditan la falta de infracción administrativa. Dichas aportaciones han sido sistemáticamente ignoradas por la administración, en procedimientos plagados de irregularidades, como la falta de práctica de pruebas, la falta de motivación en la fijación de la cuantía de la sanción, falta de ratificación de los hechos, ignorar pruebas gráficas o testificales. Agotada la vía administrativa, la única opción que queda es acudir a los Tribunales a través de una demanda contenciosa-administrativa. Esta será la primera de otras muchas que la Comisión legal anuncia, con el fin de someter al criterio de los Tribunales y no a la arbitrariedad de la Delegación de gobierno, la justicia de las mismas.

2-.  La Asociación Democracia Real Ya (DRY) ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, varios ministros ministros (de  Empleo, Fátima Báñez; de Interior, Jorge Fernández Díaz; de Hacienda, Cristóbal Montoro; y de Fomento, Ana Pastor) así como contra 58 diputados, a los que acusa de los delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida por cobrar del Congreso dietas destinadas al alojamiento a pesar de disponer de vivienda habitual en Madrid. Según han denunciado, la mayoría de los parlamentarios que imputan en su querella cobran una dieta de 1.823 euros en concepto de ayudas para el alojamiento por el hecho de haber sido elegidos en otras circunscripciones diferentes a la de Madrid, a pesar de contar con una o más viviendas en la capital y de ser, en muchos casos, su residencia habitual. Existiría duplicidad en el concepto de dietas y por ello, dado que esos diputados estarían percibiendo 952 euros más que los elegidos por Madrid, cuya dieta asciende a 870 euros, a pesar de contar todos ellos con residencia en la capital, les acusan de malversación de fondos, apoyándose en el artículo 433 del Código Penal. Dicho artículo establece que «la autoridad o funcionario público que destinare a usos ajenos a la función pública los caudales o efectos puestos a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de multa de seis a doce meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años». La Asociación Democracia Real Ya también considera que los diputados incurren en un delito de apropiación indebida, establecido en el artículo 252 del Código Penal. Han decidido incluir en la querella al presidente del Gobierno porque, a pesar de estar residiendo en el Palacio de La Moncloa, sigue cobrando, según denuncian, la dieta de 870 € que el Congreso destina a los diputados elegidos en Madrid, puesto que no se tiene conocimiento de que esté restituyendo este dinero que cobra por haber sido diputado, cuando si ha renunciado a su sueldo de diputado por haber sido elegido Presidente.

Y hasta el SUP nos gratifica en esta cuesta de enero, erigiéndose en el principal instigador de la investigación sobre la muy dudosa procedencia y titularidad del piso que alquila, posee… quien sabe, Ignacio González, a la sazón presidente no electo de la Comunidad de Madrid.

La investigación judicial sobre el ático de lujo de casi 500 metros cuadrados propiedad de Ignacio González sigue en marcha, después de haber sido reabierta por una juez de Estepona, a instancias de una denuncia interpuesta por el SUP. Ante el panorama investigador, el miércoles Ignacio González se vio obligado a anunciar que lo compró a finales de 2012, la clave ahora es conocer el origen de los fondos con los que se pagó el inmueble, valorado en 770.000 euros, desde cuentas bancarias ubicadas en el extranjero. Con este fin uno de los siguientes pasos en esta investigación judicial va a ser pedir una comisión rogatoria a EEUU para que proporcione datos fiscales sobre la empresa fantasma, radicada en ese país, porque aunque los datos se han pedido a la agencia tributaria, se necesita la colaboración de Estados Unidos. De empresa Coast Investors la UDEF sabe que no tiene actividad legal desde julio del 2010 y que no aparece en ningún registro de Estados Unidos. Es más, según una denuncia del SUP, esta sociedad sólo se activó el pasado marzo cuando Ignacio González aseguró que abonaba religiosamente a esta empresa los alquileres del ático desde el año 2008. Un  paso más será investigar si el titular del ático es desde el pasado diciembre Ignacio González quien hasta asegura, lo había alquilado aunque está pendiente de confirmar este extremo.

No obstante aconsejo no relajarse. Esto no puede ser disculpa para pensar que ya todo va por buen camino. No podemos caer en el truco de que algo cambie un poquito para que todo siga igual. Lo que ha llegado a los tribunales no es más que una ínfima parte de la enorme estafa en la que estamos inmersos a todos los niveles. Pero si es una prueba de que juntos podemos.

Si Se Puede.