autor: Sole González

¿POR QUE ES NECESARIO INICIAR UN PROCESO CONSTITUYENTE?

La constitución de un país es el documento que fija los límites de los poderes del estado y define las relaciones entre estos y los ciudadanos.

La actual Carta Magna vigente en nuestro país está obsoleta. 7 de cada 10 ciudadanos que en la actualidad tenemos derecho a votar, no pudimos hacerlo en el referéndum en que fue aprobada, y mucho menos participar de ningún modo en su redacción. Este proceso fue tutelado por instituciones herederas de la dictadura, y tuvo lugar en una coyuntura muy especial y en respuesta a intereses partidistas. Tal vez en aquel momento se creyó que era el único documento posible. Hoy ya no lo es.

En nuestra constitución del 78 hay dos tipos de problemas: principios que debería proteger y no hace y derechos que son recogidos como digno de protección, pero contra los cuales se legisla. La constitución prescribe el equilibrio impositivo y la distribución justa del presupuesto, la protección económica de la familia, el derecho a la vivienda y pide legislación que evite la especulación. Contiene además el mandato de proteger el derecho al trabajo y  legislar con el fin de lograr el pleno empleo, la protección social en casos de dificultad y desempleo, y la cultura. Todo esto ha sido violado sistemáticamente por el poder legislativo y ejecutivo, y con más intensidad en estos últimos años. Por otra parte, la constitución no solo no protege la participación ciudadana en la política (contrariamente a lo que declara) sino que específicamente bloquea casi cualquier posibilidad de que esto suceda: no hay posibilidad de requerir desde la ciudadanía un referéndum, y la Iniciativa legislativa popular no es vinculante. Queda por tanto reducida esta participación, en la práctica, a la posibilidad de votar cada 4 años.

Es por tanto necesaria una nueva Carta Magna, que dote a los ciudadanos de igualdad real y no solo formal. Se hace imprescindible una revisión completa de las reglas del juego de forma que los ciudadanos recuperemos una herramienta de control sobre el poder político, impulsada y redactada por y para la ciudadanía. Esta nueva Constitución debería preservar los derechos humanos y la dignidad de las personas. Debería instituir una nueva relación entre los ciudadanos y las instituciones (democratización del sistema político, reforma de la ley electoral, reorganización de instituciones del estado y la administración, mecanismos que eviten la transferencia de personas y bienes entre el poder político y el económico). Es fundamental que la nueva constitución devuelva a los ciudadanos la posibilidad de influir en la legislación. Retorno parcial del mecanismo denominado mandato imperativo, pues el referéndum es una forma de democracia directa, opuesta a la democracia representativa, y su resultado vinculante supone la predeterminación obligatoria de la acción de gobierno a su resultado. Así mismo, debe asegurar que el poder económico estará subordinado al democrático, incluyendo las entidades internacionales no democráticas (BCE, FMI, OCDE) y las grandes empresas.

Para iniciar un proceso constituyente, y puesto que la actual legislación no prevé esta posibilidad por iniciativa popular y nuestros actuales representantes no parecen sensibles a esta necesidad, es necesario lograr, mediante la presión de la gran mayoría de la población, que se sientan forzados a dar paso por cualquiera de las siguientes vías al inicio del proceso. Esta presión ciudadana puede hacer que el gobierno se vea obligado a convocar un referéndum vinculante o una anticipación de elecciones, previa modificación de la ley electoral. A este referéndum se podría concurrir como agrupación de electores, todas las personas que creemos en la necesidad de una nueva constitución. Si el gobierno no accede, se podría convocar un referéndum al margen de la legislación establecida y gestionado desde la propia ciudadanía, cuyo resultado obligue a renunciar al gobierno. Estas son solo dos de las posibilidades: en esta etapa, depende mucho de cual sea la reacción del poder establecido frente a la marea humana destituyente, cual sea la opción elegida, con el fin de que no se genere un peligroso vacío de poder.

Tras el referéndum vinculante, en caso de que el resultado fuera negativo a la apertura de un proceso constuyente, habría que iniciar una negociación con los actuales representantes con el fin de llevar a cabo una reforma en profundidad de la actual. En caso de que gane el si, se dará inicio a la creación de una asamblea constituyente, cuyos miembros serán elegidos democráticamente entre un grupo de ciudadanos voluntarios, o bien aleatoriamente entre todo el censo o bien listas propuestas por partidos. O bien una asamblea mixta. Cada posibilidad tiene un método electoral distinto. En el caso islandés las propuestas fueron hechas por un grupo de 1000 ciudadanos elegidos al azar, y la asamblea constituyente estuvo compuesta por 50 ciudadanos elegidos entre voluntarios con determinado número de avales.

Durante el proceso de redacción existe la posibilidad de que se pongan en marcha canales de comunicación bien unidireccional (de los ciudadanos a la asamblea) o bien bidireccional (consulta de la asamblea a los ciudadanos que emiten confirmaciones y propuestas a la asamblea). Durante la redacción del texto se recogerán propuestas ciudadanas bien físicamente a través de los registros de la administración, o bien a través de internet. Una vez cerrada la fase de admisión de propuestas, se pasará a la fase de debate de las mismas. Los debates deberían ser retransmitidos en directo por streaming, y podrían tener lugar consultas a la ciudadanía (votaciones) intermedias durante el procedimiento.

Finalmente será preciso ratificar en referéndum el texto que haya surgido. Esta ratificación se puede hacer de forma flexible (por bloques o porciones del texto) o rígida, que exigiría la ratificación del texto al completo.

Según Antonio Cabo, catedrático de derecho constitucional el proceso constituyente es aquel que se abre cuando existe una convicción generalizada en la sociedad de que el anterior pacto de convivencia ha quedado agotado o cuando se percibe como injusto o ineficaz. Creo que en nuestra sociedad ya no hay duda de que existe ya un amplio consenso en este sentido.