Teme que una contrarreforma frustre los logros obtenidos con la Constitución de 1991.

Veinte años después de haber abierto puertas que mejoraron las condiciones de vida de sus pares, en la Asamblea Constituyente, el indio guambiano Lorenzo Muelas vive en un remoto rincón de Silvia (Cauca), en un rancho de barro y guadua que comenzó a construir con dos de sus hermanas (Bárbara y Jacinta) hace más de 40 años. La vivienda todavía está literalmente en obra negra y ni siquiera tiene luz eléctrica .

Muelas, quien ya bordea los 72 años, pasa sus días y sus noches prácticamente solo, dedicado a quehaceres elementales como desentrañar la historia de sus mayores (así lo relata en su libro La fuerza de la gente) y a cultivar una pequeña huerta casera de apenas 50 metros cuadrados con unas pocas matas de papa, arracacha, cebolla y habas.

Aunque carece de una renta segura para vivir, el ‘taita’ Lorenzo no anda preocupado por sus asuntos personales. «Yo así vivo muy tranquilo», dice con dejo de desinterés.

No hay duda de que ha sido un rebelde. Desde los años 60 y 70 estuvo involucrado en los movimientos indígenas que lucharon para recuperar las tierras del ‘Gran Chimán’, en las estribaciones de la Cordillera Central, donde ahora viven cientos de familias.

Él, Benilda Hurtado (su mamá) y casi todos sus hermanos y hermanas, fueron encarcelados en varias ocasiones por exigir la devolución de las tierras que estaban en poder de Aurelio Mosquera y Francisco Morales, dos de los últimos terratenientes que ocuparon sus predios.

Su elección como constituyente no fue casual ni un proceso de intrigas. Lo escogieron porque superó de manera sorprendente todas las pruebas, a pesar de haber ido sólo dos años a la escuela primaria: conocimiento de la historia, capacidad de análisis, improvisación y moderación en la palabra.

Su vida ha estado marcada por el desprendimiento personal. «Cuando fui constituyente estuve durmiendo un buen tiempo en el piso limpio, en las puras tablas, en una pieza del barrio Santa Fe, no tenía a nadie en Bogotá», recuerda.

Cuando fue senador de la República (1994-1998) no recibió el carro de dotación, porque prefería andar en bus. «Algunas noches salía muy tarde del Capitolio y me iba a pie hasta la casa. Unos muchachos de la calle que ya me conocían me decían que yo era muy confiado por atreverme a llegar solo, caminando, que dizque era muy peligroso por ahí, pero nunca me pasó nada», celebra sonriendo.

Regreso a la tierra

Tras representar a sus comunidades en la Constituyente y en el Senado, Lorenzo volvió a su tierra un poco decepcionado.

Algunos líderes de sus comunidades le cuestionaron que no hubiera pedido burocracia al gobierno para los amigos y que no repartiera plata a quienes habían votado por él.

«Es que Lorenzo no invita ni a un trago», se escuchaba decir en las calles de Silvia.

También le reclamaron que se hubiera opuesto a que las autoridades indígenas tuvieran sueldo, pues él pensaba que eso se volvería fuente de discordia.

Él se defendía diciendo que lo habían elegido para legislar, y que ese era su compromiso. Claro que alegó en favor de las comunidades y consiguió apoyos para el Cauca, pero se negó a intrigar por prebendas personales.

En contra de él jugaba el hecho de que dirigentes políticos tradicionales llevaban muchos años repartiendo dádivas entre jefes locales, incluidos algunos indígenas. Les parecía extraño que si lo hacían los otros (liberales y conservadores), no lo hiciera uno de los propios.

Lorenzo se queja de que los suyos no entiendan que hay que mantener distancia entre la política interna de la comunidad -entendida como las acciones dirigidas a buscar el bienestar de la gente- y la electoral «de los blancos», con vicios, pero «necesaria».

Tan pronto terminó su período en el Senado se recluyó en el rancho, a 3 mil metros de altura y con una lluvia eterna, dispuesto a no volver a aceptar representaciones políticas.

Solo salía de su enclaustramiento cuando era invitado por líderes de otros países a compartir su experiencia. Con ese propósito visitó Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Venezuela y Kenia, entre otros. Y logró que el Papa Juan Pablo II le diera una audiencia, oportunidad que aprovechó para pedir que la Iglesia Católica devolviera las tierras que había quitado durante siglos a los indígenas.

En 2006 un grupo de muchachos guambianos, seducidos por su manera de ver las cosas, se empeñó en elegirlo gobernador del Cabildo de Guambía. «Hicieron campaña sin mi presencia y gané las elecciones», dice.

Así que salió de su encierro y fue gobernador durante los años 2007 y 2008.

Pero ahora está decidido a no aceptar más prupuestas para hacer política electoral. En las últimas semanas le rogaron que aceptara distintas nominaciones para las elecciones de octubre, pero rehusó.

Se va a dedicar a mejorar el rancho para pasar allí lo que le quede de vida, a trabajar en la huerta, a cuidar varias fuentes de agua que bañan su predio, las cuales revisa cada día con veneración; a preparar un nuevo libro y a esperar que su partida de este mundo sea «algo fulminante».

Lorenzo se deleita mirando la imponencia de las montañas que lo rodean. Él cree que por allí rondan los espíritus de sus antepasados, de donde viene la verdadera sabiduría.

La noche ya cae sobre los cerros, y después de un día entero de escucharlo hablar sobre su vida y la de sus ancestros, una preocupación recurrente ronda en la cabeza de Lorenzo: que los occidentales quieran contrarreformar la Constitución de 1991 y que aquella felicidad que experimentó la noche de su promulgación, se convierta en una frustración que impida materializar las reivindicaciones con las que él y sus antepasados han soñado.

Lo decía la ley Cuando ellos eran salvajes

Como evidencia de lo que la nueva Constitución trajo para los indígenas, Lorenzo carga en su pequeño morral el texto de una noticia que reza: «La Corte Constitucional derogó tres artículos de una ley del siglo pasado (XIX) que definía a los indígenas como salvajes, sin derechos, y susceptibles de ser castigados si faltan a la moral cristiana. La legislación, que había sido promulgada en 1890, establecía la manera en que deben ser gobernados los salvajes. La alta corporación acabó con un exabrupto que autorizaba a someter a castigo a los aborígenes que no profesaban el cristianismo. Las normas de esa ley privaban a los indígenas de los derechos y deberes inherentes a la mayoría de edad, ya que se les daba el trato de menores de edad. Dicha ley fue promulgada cuando la mitad de los 2 millones de habitantes que tenia Colombia eran indios; en la actualidad solo el 2 por ciento de la población colombiana es aborigen. Abril 14 de 1996».

EDULFO PEÑA Editor político