Aunque por esta vía se haya logrado entrar en el territorio del poder legislativo, del que hasta ahora la ciudadanía había sido excluida, la sociedad sigue teniendo la posibilidad de conseguir el fin de los desahucios por sí sola si persiste en el mismo camino que le ha llevado hasta este éxito parcial.

Los bomberos de A Coruña mostraron de qué forma, actuando como ciudadanos al servicio de los derechos de la sociedad, se puede contribuir a los objetivos de esta. Tod@s podemos contribuir con nuestro propia iniciativa a conseguir estos mismos objetivos.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece en su artículo 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica…”. De hecho, por ser contrarios a este derecho fundamental La Onu critica duramente los desahucios en España

La Constitución Española establece en su artículo 47 el derecho al disfrute de una vivienda digna y adecuada, siendo los poderes públicos los responsables de promover las condiciones necesarias y de establecer las normas adecuadas para hacer efectivo este derecho.

La ley que regula los desahucios, data del año 1909, debiera haber sido derogada o sustancialmente cambiada tras aprobarse la Constitución Española. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como la Asociación Jueces para la Democracia la denuncian por privilegiar a bancos sobre derechos ciudadanos y abogan por su cambio. El Tribunal de la UE cuestiona la legalidad de la misma, porque, dice, deja indefensos a los usuarios frente a las cláusulas abusivas de los bancos. Y la anteriormente mencionada sentencia del tribunal europeo conmina a los legisladores españoles a adaptar la ley a la normativa vigente con el fin de mejorar la defensa de los usuarios ante las cláusulas abusivas.

Los juzgados y agentes judiciales, instrumento de la ley, no pueden ser utilizados como instrumentos en la violación de derechos civiles y como cómplices de un delito, puesto que esto es contrario a la función para la que han sido concebidos. Cualquier funcionario, en tanto que ciudadano, tiene reconocido su derecho a la objeción de conciencia, en base a la libertad de ideología, según recoge en la sentencia 53/1985 el Tribunal Constitucional. Por tanto puede negar su colaboración al igual que han hecho los bomberos. Es preciso recoger en cada juzgado el compromiso firmado de renuncia a intervenir en estos casos adjuntando la objeción personal a la violación de derechos. Ahora los jueces de ciudades como Lanzarote, Burgos, Córdoba o Vigo, han decidido paralizar los desahucios cautelarmente para dar cumplimiento a la directiva europea sin esperar a que se cambie la ley. Y lo harán pese a la opinión de quienes piensan que tal directiva no lo autoriza.

Los Defensores del Pueblo que deben velar por los derechos fundamentales recogidos en el Título 1º de la Constitución Española reclaman medidas contra los desahucios. Que estos derechos reconocidos por los estados y avalados por las Instituciones Internacionales no tengan unos desarrollos legales que los garanticen no significa que hayan dejado de ser derechos, sino que el legislador no ha cumplido con la función que le fue encomendada por los ciudadanos.

Quienes promueven los desahucios tienen responsabilidad en la violación flagrante del derecho a una vivienda digna, lo cual podría ser considerado un crimen de lesa humanidad. Así mismo podrían ser considerados culpables de participar en la inducción al suicidio, delito tipificado en el código penal, en aquellos casos en que una persona se quita la vida, empujada a ello por verse en la situación límite de ser expulsada junto con su familia, de la vivienda que habitan.

Los sindicatos de funcionarios que han sido ninguneados en cada rebaja salarial por decreto deberían colaborar a poner las cosas en su sitio. Mientras tanto l@s ciudadanos afectados podemos visitar en grupo cada uno de ellos para explicar las dañinas consecuencias que puede tener dar curso a un documento de este tipo como si las vidas de las personas valieran lo mismo que un sello.

El SUP anunció que daría cobertura legal a los agentes de policía que objetaran a su intervención en los desahucios. Como funcionarios no son un caso diferente de quienes intervienen en los juzgados. El SUP y otros sindicatos policiales pueden distribuir en las comisarías las cartas de renuncia y objeción. Mientras tanto los ciudadanos podemos interesarnos en cada comisaría por los casos concretos con el fin de informarles sobre la posible implicación delictiva que puede suponer su participación en los mismos.

Algunos ayuntamientos haciéndose eco de sus responsabilidades ante la ciudadanía, y con el fin de  garantizar sus derechos, se han opuesto a los desahucios y exigen a los bancos, responsables de esta crisis, que entreguen los pisos retenidos y vacíos necesarios para dar techo a través de un alquiler social, a cuantas personas lo necesiten.

En muchos pueblos y ciudades se ha destinado suelo público, incluso se ha recalificado, para construcción de pisos; sin embargo las autoridades eluden su deber de buscar solución al problema aún existiendo viviendas sin uso. Es totalmente inaceptable su silencio: los mismos contactos y relaciones que establecieron con constructoras y financieras para adjudicar suelos y recalificarlos pueden y deben ser utilizados para exigir un derecho que nunca debió quedar excluido de sus acuerdos.

Los ayuntamientos pueden intervenir y si no lo hacen, nosotros podemos visitar sus dependencias para explicarles detalladamente a sus responsables como hacerlo.

L@s ciudadan@s podemos tratar de llegar a acuerdos con las entidades bancarias, e incluso crear el procedimiento para tal fin. Cuando los directivos de los bancos se resistan, podemos usar nuestro poder como sociedad para hacer cumplir el derecho, entregando las viviendas vacías a las personas que las necesiten, y juzgando en su caso a aquellos que, existiendo los recursos, los niegan a quién los precisa.

Por fin los diputados, depositarios del poder legislativo y encargados por tanto de modificar las leyes de forma que estas respondan tanto al derecho universal como a las peticiones expresas de los ciudadanos, no pueden ni ignorar sus obligaciones ni evitar las responsabilidades que se derivan de sus actos u omisiones. El artículo 46 del Título I de la constitución recoge el derecho a la vivienda como un derecho fundamental, y por tanto es obligación de quien legisla dotar a la sociedad de las herramientas legales para su defensa, sin las cuales queda vacío de contenido.

No puede estar más claro tanto tanto en la Declaración de Derechos Humanos, como en lo que contempla al respecto nuestra Carta Magna. Sabemos que esta última no contiene los mecanismos necesarios para dotar de contenido a este derecho y que tampoco los legisladores han hecho nada en estos años para protegerlo. Más bien al contrario, parecen interesados en privarnos del mismo.

Podemos, no solo impedir cada intento de desahucio, sino simultáneamente llevar a cabo un juicio popular contra los instigadores concretos de esta violación de los derechos humanos elementales.. Los juicios populares, al igual que los tribunales populares, deberán emitir sentencia según la gravedad del caso, siendo esta de obligado cumplimiento. En virtud de la misma los ciudadanos podrán acudir a las oficinas del banco o del juzgado con el fin de encontrar al responsable y hacerle sentir la responsabilidad y la culpa en dicho acto que la sociedad le atribuye.

Nosotros podemos, como se está haciendo con los diputados del PP acudir personalmente a interpelar a quienes ostentan la representación de la voluntad ciudadana, para exigirles que la respeten. Que ejerzan por fin la tarea que les fue encomendada, dotando de contenido legal el derecho fundamental a una vivienda digna. En los escraches, la ciudadanía no hace otra cosa que hacer efectivo su derecho a expresar su voluntad a quienes tienen el deber de ejercerla: para ello y no para otra cosa fueron elegidos.

Rechazamos la violencia que se ejerce contra los ciudadanos y no tenemos intención de utilizarla contra aquellos a quienes acusamos, pero si les haremos sentir el bochorno y el rechazo de la sociedad a sus acciones haciendo que este sea lo más patente posible. Y les haremos conocer cuales son nuestras exigencias, en persona y de primera mano, con el fin de que no puedan alegar su desconocimiento. Saez de Santamaría negaba el derecho de los ciudadanos a llevar a cabo los escraches, alegando que donde debe responder es en el parlamento o en una rueda de prensa. Olvidan, ella y quienes como ella piensan que representa a la ciudadanía y que esta no tiene acceso a interpelarla ni en un ni en otro lugar, viéndose obligada a dejar las preguntas en manos de periodistas lejanos de la independencia y parlamentarios que a su vez han olvidado sus obligaciones.

En muchos países de nuestro entorno, Reino Unido, EEUU, Alemania, los diputados y demás representantes electos, disponen de una oficina en su circunscripción a la que los ciudadanos tienen acceso pudiendo plantearles directamente las cuestiones que les preocupan. La tergiversación de la democracia que ha tenido lugar en nuestro país hace que a nuestros políticos les parezca normal estar fuera del alcance de aquellos a quienes dicen representar.

Reclamamos un Proceso Constituyente que asegure en el futuro, que las leyes garanticen los derechos de las personas y las instituciones actúen con responsabilidad y al servicio de las personas y no otros intereses.